La Cancillería de Colombia y el Ministerio de Defensa remitieron este martes una carta al editor de The New York Times en la que ponen en duda "la veracidad" de las versiones citadas en el artículo de ese diario sobre las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos".

"Para llegar a la conclusión que titula el artículo, el autor se refiere a supuestas entrevistas con oficiales no identificados y a documentación oficial citada parcialmente y sacada de su contexto. Como no se han detallado las circunstancias en que esas entrevistas tuvieron lugar, nada se sabe sobre las motivaciones o, incluso, la veracidad de esas versiones", dijeron las autoridades en la misiva, difundida por la Cancillería.

En el artículo del periodista Nicholas Casey y publicado el pasado sábado, el diario estadounidense señaló, tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales, que el Gobierno está ejecutando "otra encarnación" de los "falsos positivos", crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.

"Seamos claros: indicadores de esa naturaleza son absolutamente inaceptables para el Gobierno de Colombia. Entre otras cosas, implican conductas que, de ocurrir, deberán ser perseguidas y castigadas en su totalidad por el sistema judicial", prosigue la misiva.

Según The New York Times, en la institución existe una orden para que los militares "no exijan perfección" al matar, ni siquiera en los casos en los que dudan sobre el objetivo del ataque, lo cual, afirmaron algunos militares, implica desproteger a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

Además, la Cancillería y el Ministerio acusan a Casey de no incluir en el texto la versión del general Nicacio Martínez, comandante del Ejército colombiano, unas declaraciones que "contradicen" las versiones de las fuentes citadas por el NYT.

La publicación del artículo obligó a Casey y al fotógrafo Federico Ríos a salir del país ante acusaciones de senadores del partido oficialista Centro Democrático, que tacharon al primero de ser simpatizante de la antigua guerrilla FARC y de recibir dinero por su reportaje.

Asimismo, recordaron que la doctrina actual del Ejército no acepta resultados militares "que no cumplan con los estándares de legalidad y respeto por las normas sobre la protección de los derechos humanos y los principios de la ley humanitaria internacional".

En la carta también afirmaron que la justicia investigó y castigó "conductas censurables" por parte de miembros de la fuerza pública, y mencionan la detención del militar que asesinó al exguerrillero de las FARC Dimar Torres el pasado 22 de abril en la convulsa región del Catatumbo (noreste).

La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.

Este fenómeno "se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008", durante el gobierno del hoy senador Álvaro Uribe (2002-2010), uno de los críticos del informe del NYT, al que acusa de "proteger la impunidad al narcoterrorismo", junto con su colega María Fernanda Cabal.

Por su parte, la ONU calcula que son unos 4.200 los casos de "falsos positivos" investigados en el país.

De esta manera, las autoridades colombianas reforzaron su posición sobre el escándalo después de que el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, manifestó que en la actualidad no hay riesgo de que en Colombia "civiles inocentes" mueran en operaciones, pues aseguró que si ven "algún riesgo contra la población civil" prefieren cancelar la acción.

EFE